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Paco Arnau

Cuando un propietario intenta acceder a sus fotos, trabajos o documentos personales archivados en Megaupload se encuentra este aviso de una potencia extranjera (si no es súbdito de EEUU)

“Twitter ha dejado muy claro cuáles serán sus políticas […] Twitter ha sido directo sobre lo que está haciendo. Tendremos que ver cómo funciona”.

Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, sobre la censura de contenidos en Twitter.

Los últimos días han estado plenos de eventos que afectan al ejercicio en la red Internet de uno de los derechos fundamentales de las personas, la libertad de expresión, independientemente del país en que vivan.

La ratificación por parte del nuevo gobierno español del PP de la llamada Ley Sinde del anterior gabinete del PSOE, un controvertido reglamento que pone en cuestión el derecho a la libertad de expresión en aras del interés de las multinacionales de la industria del cine o de la música de una determinada potencia, EEUU, cuya Embajada en Madrid dictó las bases de la citada ley, como así han demostrado los documentos filtrados por Wikileaks.

El cierre al tráfico en la Red de más de un 4% de sus contenidos —caso Megaupload—, incluída una ingente cantidad de archivos personales de decenas de millones usuarios que pasan a manos del FBI y otras agencias de EEUU. Para ejecutar este atropello no ha sido necesaria la aprobación o aplicación de nuevas leyes regresivas tipo Sinde (SOPA, ACTA…). Por la vía de los hechos, EEUU ha perpretrado el ataque con celeridad inusitada y ha puesto a sus pies los aparatos policiales de sus satélites para proceder a incautación de servidores y detenciones casi instantáneas. Un hecho sin precedentes por su masividad y celeridad, también en aras de la defensa de los intereses de la industria audiovisual multinacional estadounidense.

Internet como escenario de guerra

Anteriormente, el gobierno mundial de facto de EEUU había requerido a gigantes de la Red como Google y Facebook que fueran puestos a su disposición información y datos personales de los usuarios de las citadas compañías globales y, en el mismo sentido, se daba a conocer a la opinión pública la “monitorización” (vigilancia) masiva de los mensajes en las redes sociales por parte de las agencias competentes; a saber: CIA, FBI, Seguridad Nacional y Cibercomando del Pentágono (Ministerio de Defensa de EEUU). Es decir, tras la dotación en 2010 de grandes fondos para el “escenario de guerra” en Internet por parte del gobierno de Obama (una parte del presupuesto de guerra más elevado de la historia que superó con creces al de la anterior administración de Bush II), EEUU se ha tomado muy en serio la importancia bélica del teatro de operaciones de la Red de redes.

A todo esto, parecía que Twitter —una red social que se alimenta y por tanto vive de los contenidos (tweets, imágenes o enlaces) aportados por los propios usuarios— seguía siendo un especie de islote ajeno a interferencias del poder global o de los gobiernos locales. No parece que así sea en realidad: esta semana que acaba, Twitter anunciaba oficialmente que “cuando sea requerida [la compañía], eliminará contenidos de los internautas” en función de “las diferentes legislaciones sobre la libertad de expresión que existen en el mundo” y “razones históricas y culturales (sic)” para “retirar contenido de usuarios en un país específico, manteniéndolo disponible en el resto de países” [véase en Público.es: Twitter se rinde a la censura].

Al margen de este anuncio reciente de Twitter tan calculadamente ambiguo como preocupante, es evidente que hasta ahora se había venido aplicando censura en Twitter. Baste recordar que en alguna ocasión ha sido manipulado el algoritmo de los “Temas del momento” (TT) cuando estos eran especialmente sensibles para EEUU en función sus leyes o de su política exterior (como es el caso del bloqueo a Cuba). No olvidemos que Twitter es una empresa radicada en EEUU. Recientemente, el ‘hashtag’ #DerechosdeCuba fue bloqueado en España a pesar de haber tenido mucho mayor volumen de menciones que otros que no sufrieron la misma triste suerte, como así fue demostrado con datos de tráfico real. Asimismo, Twitter ha cerrado cuentas de forma arbitraria sin denuncia ni decisión judicial previa (ni siquiera requerimiento policial) por motivos políticos que afectan a la libertad de expresión. Éste fue el caso de algunos perfiles humorísticos que parodiaban a personajes del régimen español como Rubalcaba (PSOE) o algún caso similar de cierre de cuentas en Facebook de perfiles paródicos de Mariano Rajoy u otros líderes del PP. Mientras tanto, el cierre de cuentas que fomentan actos delictivos o atentan contra la salud pública casi nunca se hace efectivo por parte de Twitter aduciéndose que se requiere para ello el preceptivo mandato judicial correspondiente. Un curioso doble rasero.

#CensuraTwitter y #TwitterBlackout

Frente a la conspiranoia y la candidez embobada está la visión global de las cosas. ¿Alguien puede creer que no existe una cierta concatenación en los hechos hasta ahora relatados?, ¿acaso son independientes?, ¿no hay relación causa-efecto entre ellos?, ¿Twitter es una realidad paralela ajena al mundo y a los tiempos que vivimos? Pensamos que no.

La denuncia de muchos usuarios de Twitter a este anuncio de la compañía de establecer límites a la libertad de expresión en función de donde se ejerce, no se hizo esperar. El viernes 27 de enero, miles de mensajes de quienes hacen día a día los contenidos de esta red social mostraban su desacuerdo incluyendo #CensuraTwitter (en el mundo hispanohablante) y a nivel internacional se convocó a una huelga de contenidos de 24 horas para el día siguiente, sábado 28 de enero, día sin tweets o #TwitterBlackout (que llegó a ser TT absoluto mundial y en España y muchos países también).

Las reacciones contrarias no se hicieron esperar tampoco. Podemos poner un ejemplo: En los informativos del mediodía de la cadena SER del 27 de enero, en un cara a cara entre el periodista Antón Losada e Ícaro Moyano (exdirectivo de Tuenti y actual jefe de redes de PRISA, multinacional a la que pertenecen SER y el diario madrileño El País), Moyano defendía la decisión de Twitter y la necesidad de censurar sus contenidos. Como principal argumento de “autoridad” citaba que Ricardo Galli (empresario de ‘Menéame‘) compartía esa posición. Por su parte, Losada manifestó que era contraproducente cualquier tipo de actividad censora en una red como Twitter por sus propias características, algo basado en que cada cual opine lo que quiera independientemente de donde sea [vino a decir, pues cito de memoria]. Viniendo de quienes vienen, las posiciones favorables de Moyano y Galli a la aplicación “selectiva” de la censura en Twitter no resultan sorprendentes. PRISA y sus medios se caracterizan desde hace mucho tiempo por manipular o censurar noticias “sensibles”, especialmente si éstas proceden del ámbito latinoamericano y en particular si proceden de gobiernos de izquierda o progresistas del subcontinente. Del empresario de ‘Menéame’ y su compañía diremos que su posicionamiento es estrictamente coherente con la defensa de sus propios intereses y trayectoria. Vamos a dejarlo ahí… ejemplos de censura “de oficio” en ‘Menéame’ de noticias procedentes de medios digitales progresistas de amplio impacto son de sobra conocidos. Por no hablar de la panoplia de censores trasnochados y masa enfurecida que desde hace años cohabitan en ese “ecosistema” hostil al debate racional de ideas.

Por lo demás, el seguimiento a la huelga de contenidos de los que hacen los contenidos (eso es, ni más ni menos el #TwitterBlackout) se puede y se debe calificar como masivo sin entrar en guerras de cifras; porque, entre otras cosas, aquí sí hay Patronal pero no hay sindicatos —ni “piquetes” [¿!], como afirmaban algunos adictos al orden establecido escandalizados por la iniciativa. La repercusión en España y Latinoamérica ha sido más que notable, así como en diversos medios de comunicación que han citado la iniciativa y a sus promotores (El País ha incidido de forma manipuladora y torticera en que ha sido una iniciativa de “Anonymous” y nada más lejos de la realidad, #TwitterBlackOut se ha difundido a cara descubierta). La repercusión mundial también ha sido evidente si a los TT nos remitimos, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de los mensajes de #TwitterBlackOut eran favorables a la iniciativa.

Entre los contrarios a la huelga, los principales argumentos contra el #TwitterBlackOut han sido, muy resumidamente, dos:

• “No servirá para nada” (poco que añadir a esto puesto que es recurrente a modo autojustificativo ante cualquier tipo de movilización por parte de los reacios a comprometerse o los “equidistantes” de turno) y
• “No hay tal censura puesto que Twitter ha dicho que la censura se hará por países y no para todo el mundo”. Sobre esto último sí nos detendremos a reflexionar pues nos parece un argumento, además de paradójico y extraño desde el punto de vista de la lógica racional, especialmente perverso. ¿La libertad de expresión es un derecho parcelable por países, culturas o etnias y no un derecho universal independientemente de donde vivas? Radicalmente, no. Esa visión parcial de una libertad de expresión territorializada nos lleva a la arbitrariedad pura y dura, al doble rasero en su aplicación en función de si ésta favorece o no a aliados y a supuestos enemigos. Y ya sabemos bajo qué criterio se establecen alianzas y guerras en la actualidad: el interés económico y geoestratégico de una superpotencia que campa a sus anchas también en Internet. Que se pudiera aplicar en función de leyes antifascistas en determinados países es la coartada “democrática”. En el mundo y en el tiempo en que vivimos parece obvio que se aplicaría la censura más bien en función de leyes anticomunistas o con fines bélicos de forma selectiva (no olvidemos el importante papel de las redes sociales para la propaganda de guerra a favor de la OTAN y sus rebeldes en Libia o en los más recientes casos de Siria e Irán a favor del tándem EEUU-Israel).

Ante la sinrazón de la fuerza por la vía de los hechos, algo que vemos o que sufrimos a diario en la Red y fuera de ella, bienvenida sea cualquer iniciativa que ponga en valor la fuerza de la razón democrática sin fronteras y además la demuestre con efectividad y resolución. Cuando está en juego la libertad de expresión no caben titubeos ni falsas equidistancias. Twitter es una compañía que no cobra por el uso de sus servidores, al igual que quienes aportamos sus contenidos tampoco cobramos por ello. Si no estamos de acuerdo con algo tan importante como que lo que escribimos pueda ser censurado —ya sea local o globalmente— “preventivamente” o de forma “retroactiva”, como han afirmado portavoces de la compañía, tenemos perfecto derecho a no aportar contenidos durante 24 horas como medida de protesta “preventiva” y efectiva para que tomen nota de que muchos, más de los que creen como se ha podido comprobar con el #TwitterBlackout, no comulgamos con ruedas de molino en algo tan básico como la libertad de expresión, un derecho universal inalienable. (Tomado de Ciudad futura)

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